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Una junta escolar de Virginia acordó pagar $575,000 en daños y honorarios de abogados a un ex profesor de secundaria que fue despedido por negarse a usar pronombres para referirse a uno de sus estudiantes.

 

 

Como informó Peter Vlaming enseñó francés en la escuela secundaria West Point en Virginia durante casi diez años. Fue puesto en licencia administrativa en 2018 después de que se opusiera a llamar a una estudiante biológicamente mujer con pronombres masculinos.

Inicialmente, Vlaming intentó evitar el uso de pronombres por completo y adaptarse al estudiante utilizando su nuevo nombre masculino preferido.

Sin embargo, los funcionarios escolares le ordenaron que dejara de evitar el uso de pronombres y que se refiriera a la estudiante utilizando pronombres incompatibles con su sexo biológico.

Poco después, la junta escolar votó por unanimidad despedir al maestro después de que «accidentalmente» usara un pronombre femenino al referirse a una estudiante en clase.

Vlaming demandó a la junta escolar por violar sus derechos bajo la Constitución de Virginia y la ley de la Commonwealth, declarando en su demanda que su religión «le prohíbe mentir intencionalmente» y que «cree sinceramente que referirse a una mujer como un hombre usando un pronombre objetivamente masculino es decir una mentira».

Un tribunal inferior desestimó el caso, pero Vlaming apeló su caso ante la Corte Suprema de Virginia en 2021. Luego, el tribunal superior restableció la demanda, dictaminando que se violaron los derechos de Vlaming y que el tribunal de circuito no debería haber desestimado el caso.

Al redactar la opinión mayoritaria, el juez D. Arthur Kelsey afirmó que la revisión de este caso por parte del tribunal «busca proteger la diversidad de pensamiento, la diversidad de expresión, la diversidad de religión y la diversidad de opiniones». Señaló que la nación es una república constitucional y «no puede ser fiel a sí misma» si no permite que las personas que participan en el mercado público de ideas utilicen su conciencia.

«Sin una razón verdaderamente convincente para hacerlo, ningún gobierno comprometido con estos principios puede legalmente obligar a sus ciudadanos a jurar lealtad verbal a opiniones ideológicas que violen sus creencias religiosas sinceramente sostenidas», escribió Kelsey.

La Alianza en Defensa de la Libertad (ADF), un grupo legal sin fines de lucro representó a Vlaming y dijo que él «no podía en conciencia decir mensajes que sabía que eran falsos, y ninguna junta escolar o funcionario del gobierno puede castigar a alguien por ese motivo».

«A Peter no lo despidieron por algo que dijo, sino por algo que no pudo decir. La junta escolar violó sus derechos de la Primera Enmienda de la Constitución de Virginia y la ley del estado», dijo el asesor principal de la ADF, Tyson Langhofer, director del Centro para la Libertad Académica de la ADF.

La Junta Escolar de West Point ha accedido a resolver la demanda. Borrarán el despido de Vlaming de su expediente y pagarán 575.000 dólares en daños y perjuicios y honorarios de abogados.

La junta también ha actualizado sus políticas a las nuevas políticas educativas de Virginia establecidas por el gobernador Glenn Youngkin que defienden la libertad de expresión fundamental y los derechos de los padres.

«Me despidieron injustamente de mi trabajo como maestro porque mis creencias religiosas me pusieron en una situación de conflicto con los administradores escolares que exigían que los maestros se adhirieran a una sola perspectiva sobre la identidad de género: la que ellos preferían», dijo Vlaming. «Me encantaba enseñar francés y traté de complacer a todos los estudiantes de mi clase, pero no podía decir algo que violara directamente mi conciencia».

«Estoy muy agradecido por el trabajo de mis abogados de Alliance Defending Freedom para llevar mi caso a la victoria, y espero que ayude a proteger los derechos fundamentales de la Primera Enmienda de todos los demás maestros y profesores», agregó.

 

Fuente: 1CBN

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