Un juez federal ha fallado a favor de dos profesores cristianos que se negaron a mantener la política de su escuela que obligaba al personal a mentir a los padres y ocultar la confusión de género de los alumnos.
El juez federal de distrito Roger Benítez emitió una orden judicial preliminar que protege a dos profesores cristianos de escuela secundaria que desafiaron la política del Distrito Escolar Unificado Escondido (USD) del condado de San Diego.
Los profesores argumentaron que la «política de confidencialidad» infringía sus derechos de libertad de expresión y libre ejercicio de la religión recogidos en la Primera Enmienda, y que si tuvieran que acatarla y ser deshonestos con los padres violarían sus «sinceras creencias religiosas».
Aunque el juez Benítez emitió una orden judicial que sólo bloquea temporalmente la promulgación de la política, escribió que la política parece socavar los derechos constitucionales calificándola de «trifecta de daños».
«Perjudica al niño que necesita orientación parental y posiblemente intervención de salud mental para determinar si la incongruencia es orgánica o si es el resultado de la intimidación, la presión de los compañeros o un impulso fugaz», explicó Benítez. «Perjudica a los padres al privarles del derecho reconocido desde hace tiempo en la Decimocuarta Enmienda a cuidar, orientar y tomar decisiones sobre la salud de sus hijos. Y, por último, perjudica a los demandantes que se ven obligados a violar los derechos de los padres al obligar a los demandantes a ocultar información que consideran fundamental para el bienestar de sus alumnos, lo que viola las creencias religiosas de los demandantes».
También señaló que los profesores «se enfrentan a una elección ilegal del tipo: ‘pierde tu fe y conserva tu trabajo, o conserva tu fe y pierde tu trabajo'».
Benítez dejó claro que los distritos escolares que insisten en que el derecho del niño a la intimidad es mayor que los derechos de los padres están «equivocados» y que la «Constitución ni ordena ni tolera ese tipo de discriminación».
En la actualidad, hay más de 1.000 distritos escolares que han adoptado políticas destinadas a mantener a los padres al margen de cualquier cambio en el comportamiento de sus hijos en relación con su sexo.
Según Parents Defending Education, estas políticas afectan a 37 estados y abarcan más de 18.000 escuelas con casi 11 millones de niños matriculados.
«Exigir a los profesores que sean deshonestos en el desempeño de su trabajo es una situación inconcebible. La Primera Enmienda prohíbe obligar a alguien a mentir. Además, los padres tienen derecho a dirigir la educación de sus hijos», dijo el fundador y presidente de Liberty Counsel, Mat Staver, en un comunicado.
Sólo seis distritos escolares de California han votado a favor de políticas que obligarían a los profesores a notificar a los padres si su hijo cambia su identificación de género.
El Distrito Escolar Unificado de Chino Valley, en San Bernardino, fue el primer distrito del estado en adoptar una política de este tipo.
Sin embargo, el fiscal general del Estado de California, Rob Bonta, demandó al distrito en agosto para bloquear la política y se le concedió una orden de restricción temporal.
El juez del Estado de California Thomas Garza dictaminó que el distrito escolar debe aplazar la aplicación de su nueva política, que no sólo exigiría a las escuelas notificar a los padres si sus hijos cambian de identidad de género, sino también si un niño tiene tendencias suicidas, es víctima de acoso escolar o sufre lesiones graves.
La presidenta del Consejo de Chino Valley, Sonja Shaw, que ha recibido amenazas de muerte por esta política, argumenta que «los padres tienen derecho a saber lo que ocurre en la escuela y a no ser la última persona informada».
Por su parte, el presidente del Consejo de la Familia de California, Jonathan Keller, calificó este fallo de «revés temporal en la lucha continua por afirmar el derecho de los padres, otorgado por Dios y protegido por la Constitución, a dirigir la crianza y educación de sus hijos».
El fallo del tribunal estatal bloquea la política hasta una audiencia el 13 de octubre para determinar si se permite o se bloquea permanentemente la política. No está claro cómo afectará al caso la sentencia del tribunal federal.
Fuente: 1.cbn.com
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