Una ley de Illinois de 2016 obliga a los médicos y centros de embarazo provida no solo a derivar pacientes para abortar, sino también a hablar de los supuestos beneficios.
«Esta ley es realmente sobre el gobierno de Illinois tratando de coaccionar a las personas que son profesionales de la medicina y los centros de embarazo provida, para obligarlos a decir algo que viola sus convicciones religiosas profundamente arraigadas con respecto a la vida», dijo el abogado de Alliance Defending Freedom Kevin Theriot.
La ley lleva en suspenso desde un año después de su aprobación, mientras los provida siguen adelante con un recurso legal. Después de seis largos años, finalmente tuvieron su día en los tribunales ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois.
Es hora de ponerle fin al tema de una vez por todas.
«No hay ninguna línea de base que obligue a los profesionales médicos que tienen una objeción de conciencia al aborto a hablar de sus beneficios o remitir a la gente para ello, y eso violaría la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos», dijo Theriot.
Leyes similares han sido impugnadas en otros estados, y Theriot señala que el Tribunal Supremo ya sentó un precedente al respecto allá por 2018, con el caso National Institute of Family and Life Advocates (NIFLA) contra Becerra.
«Es realmente la misma pregunta, y es si el gobierno puede apuntar a un individuo debido a sus convicciones religiosas y obligarlo a violar esas convicciones religiosas. Así que somos cautelosamente optimistas de que este Tribunal va a estar de acuerdo con NIFLA v. Becerra y decir que eso es vinculante», dijo Theriot.
Considera que este caso trata tanto de la libertad de expresión como de la libertad religiosa, y en múltiples ocasiones, el Alto Tribunal ha sostenido que no se puede obligar a una persona a decir algo que viole sus convicciones más profundas.
La Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda también dice que el gobierno no puede atacarte por tus creencias religiosas.
Se espera una sentencia sobre este caso para principios del próximo año. Mientras tanto, la orden judicial que paraliza la aplicación de la ley sigue en pie.
Fuente: 1.cbn.com
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