La decisión del alto tribunal, que respalda la postura del gobernador republicano Greg Abbott sobre el manejo de la migración en Texas, plantea un dilema: que una ley estatal contradiga una ley federal, lo que para algunos jueces que se opusieron a la determinación de la Corte Suprema puede traer caos y crisis.
Aunque apenas ayer la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que la entrada en vigor de una ley de Texas que permite la detención y expulsión de migrantes quedaba en vilo hasta nuevo aviso, recientemente se supo que el tribunal tomó la decisión de permitir su aplicación.
Con esta disposición, que le permite a la Policía del estado arrestar a personas sospechosas de cruzar la frontera de forma irregular, los seis jueces conservadores del tribunal rechazaron una apelación de la administración Biden, que quiso bloquear la ley mientras transcurre un proceso de impugnación en tribunales inferiores.
El republicano Greg Abbott, gobernador de Texas, se pronunció al respecto. A través de X, antes Twitter, calificó la decisión como un “acontecimiento positivo”, aunque señaló que falta ver qué pasa con el proceso en la corte de apelaciones. De hecho, Elon Musk respondió a su mensaje: “Es una locura que no haya sido una decisión unánime, pero aun así es buena”.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor escribió que permitir que la ley de inmigración de Texas entre en vigor “invita a más caos y crisis”. En su declaración, estableció: “Texas aprobó una ley que regula directamente la entrada y expulsión de no ciudadanos e instruye explícitamente a sus tribunales estatales a ignorar cualquier procedimiento federal de inmigración en curso. Esa ley altera el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos”.
A su parecer, esta ley “perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad, y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata”.
La ley de Texas, a veces llamada SB 4, faculta a los tribunales estatales para ordenar la deportación de inmigrantes que ingresen al estado sin autorización y otorga a las autoridades locales la autoridad para arrestar a quienes crucen irregularmente la frontera sur con México. La administración, grupos de derechos civiles y el condado de El Paso impugnaron la ley, diciendo que interfería con el poder del gobierno federal para establecer la política de inmigración y conducir asuntos exteriores.
La administración Biden, en palabras de la procuradora general Elizabeth B. Prelogar, ha dicho que la ley de Texas equivaldría a “una interferencia con la capacidad de la nación para hablar con una sola voz en asuntos internacionales” y “dañaría significativamente la relación de Estados Unidos con México”. La funcionaria añadió que la ley “perturbaría fundamentalmente el régimen federal de inmigración al permitir que un solo estado tome determinaciones unilaterales con respecto a la entrada y expulsión” de migrantes.
Este caso forma parte de una batalla legal entre el Departamento de Justicia de la administración de Joe Biden y el gobierno del estado de Texas, Abbott, a quien acusan de excederse en sus atribuciones por ejercer control sobre las fronteras, que son de jurisdicción federal. El gobernador ha militarizado un parque en la ciudad de Eagle Pass con acceso al río Grande, frontera natural entre Texas y México, ha tendido cercas de alambre de púas en un tramo de la ribera e inició la construcción de una base militar.
Fuente: msn.com
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