El gobernador de Carolina del Sur firmó el martes un proyecto de ley que etiqueta a las iglesias y organizaciones religiosas como un «servicio esencial» durante las emergencias y, esencialmente, prohíbe al gobierno cerrarlas.
El objetivo de la nueva ley, firmada por el gobernador Henry McMaster, es evitar que el estado ordene a las iglesias que cierren durante una emergencia como COVID-19, como sucedió en California y muchos otros estados.
McMaster nunca cerró iglesias durante la pandemia, según el periódico The State.
«Durante un estado de emergencia, los servicios religiosos se consideran un servicio esencial y se consideran necesarios y vitales para la salud y el bienestar del público», dice la nueva ley.
El estado tiene prohibido limitar la capacidad de las iglesias y organizaciones religiosas para reunirse durante una emergencia a menos que se cumplan al menos dos factores: 1) «todas las organizaciones o empresas que brindan servicios esenciales» también están limitadas, y, 2) el límite no «impone una carga sustancial a los servicios religiosos» y el estado «demuestra que la carga es necesaria para promover un interés estatal convincente y es el medio menos restrictivo de promover ese interés».
«El Estado no puede tomar ninguna acción discriminatoria contra una organización religiosa», dice la nueva ley.
Alliance Defending Freedom, un grupo de defensa de la libertad religiosa, aplaudió la nueva ley.
«Las casas de culto y las organizaciones religiosas proporcionan operaciones que sostienen el alma que son esenciales para nuestra sociedad y están protegidas por la Primera Enmienda», dijo el asesor legal de ADF, Greg Chafuen. «Si bien los funcionarios públicos tienen la autoridad y la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad públicas, la Primera Enmienda prohíbe que el gobierno trate a las casas de culto y a las organizaciones religiosas peor que a los centros comerciales, restaurantes o gimnasios».
La ley, dijo Chaufuen, «da el modesto paso de garantizar que los funcionarios no puedan usar una crisis pública para discriminar contra las operaciones religiosas en violación de la Constitución».
Fuente: Christianheadlines.com
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