Una madre de California que perdió a su hija por suicidio tras perder la custodia por no celebrar su disforia de género insta ahora a la Corte Suprema de EE.UU. a proteger la patria potestad para salvar a otros niños de los peligros de la ideología de género.
First Liberty Institute, un bufete de abogados de interés público sin fines de lucro, ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de EE. UU. en nombre de Abigail Martínez.
El escrito ofrece apoyo en el caso M.C. y J.C. contra el Departamento de Servicios Infantiles de Indiana, un caso fundamental sobre derechos de los padres que pretende que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la decisión de Indiana de retirar a un niño del hogar de unos padres cristianos debido a sus creencias religiosas sobre la sexualidad.
Martínez perdió la custodia de su hija adolescente, Yaeli, porque sus creencias religiosas sobre la sexualidad que entraban en conflicto con el trastorno de género de su hija.
«Mi hija fue asesinada por ideología de género. CPS se llevó a mi hija cuando tenía 16 años. Fue ayudada por su consejero de la escuela pública, su grupo LGBTQ y otra chica identificada como trans», testificó durante una audiencia del Senado Judicial de California en junio.
«Me arrebataron a mi hija de su amoroso hogar porque el estado de California alegó que yo era abusiva por no afirmar su identidad trans. Perdí a mi hija por un nombre y unos pronombres. Incluso después de prometerle que la llamaría con un nombre masculino, no fue suficiente», continuó Martínez.
Unos años más tarde, su hija se suicidó.
El año pasado, Martínez intervino en un foro organizado por la Heritage Foundation y relató los hechos que llevaron a su hija de 19 años a quitarse la vida arrodillándose delante de un tren que circulaba en sentido contrario.
«El consejero de la escuela estaba involucrado, DCFS (Departamento de Niños y Servicios Familiares) estaba involucrado, el grupo LGBT estaba allí también, tratando de ‘ayudar’ a mi hija en la transición de ser transgénero», compartió Martínez. «Me acusaron de que no quería abrir los ojos ya que ella sentía desde pequeña que era un niño, lo cual no era cierto. Ella ni siquiera estaba cerca de ser un “marimacho”, ella era la niña femenina en la casa».
Martínez dijo que se reunió con el director de la escuela y el consejero, pero en realidad empeoraron las cosas. Tras un intento fallido de suicidio, su hija fue colocada en un hogar de acogida y empezó a llamarse Andrew.
«La psicología de la escuela y el grupo LGBT dijeron a DCFS que mi hija estaría mejor fuera de la casa», dijo la madre angustiada. «Se llevaron a mi hija cuando tenía 16 años. Hice todo lo posible por recuperarla… yendo al juzgado todos los meses».
Y continuó: «Cuando fui al juzgado, le pedí al juez que por favor permitiera que mi hija se sometiera a una evaluación psicológica». Pero como la trabajadora social de su hija dijo que tenía que ser reconocida como transgénero, el juez denegó la petición de Martínez.
En su lugar, el juez dictaminó que podía recibir hormonas transgénero, en contra de los deseos expresos de Martínez de que su hija recibiera el tratamiento de salud mental que necesitaba para la depresión subyacente.
Martínez declaró que un grupo LGBT animó a su hija a adoptar una identidad masculina y le dijo que el estado de California pagaría sus operaciones.
«‘Este era el mejor momento para hacerlo'», le dijeron a su hija, «‘porque si no lo haces ahora mismo, nada te va a hacer feliz. No estás contenta con tu cuerpo, odias tu cuerpo, así que hazlo'».
Martínez dijo que instó a los tribunales a centrarse en la crisis de salud mental más que en la cuestión de la identidad de género y a «ayudarla desde dentro».
Y añadió: «Lo que más me dolió fue que me dijeran que no hablara de Dios».
Una trabajadora social advirtió a Martínez de que hablar de Dios «iba a hacer que él (Andrew) se sintiera incómodo porque está en peligro de suicidarse».
Pero ya era demasiado tarde.
Su hija murió a los 19 años.
Martínez dice que no quiere que ningún otro padre sufra el dolor que ella ha experimentado.
«Quiero que todo el mundo sepa la verdad, porque no tenía por qué ocurrir», dijo Martínez el año pasado. «No quiero que esto le ocurra a ninguna otra familia ni que pase por todo este dolor. Hay mucho dolor».
Según el escrito de First Liberty, «los Estados violan la Cláusula de Libre Ejercicio cuando atacan a familias religiosas por sus creencias sinceras. Los derechos de los padres están estrechamente vinculados con los derechos de libre ejercicio y son especialmente fuertes para las familias religiosas que tratan de enseñar su fe a la próxima generación. Durante casi 100 años, el Tribunal Supremo ha reafirmado la ‘perdurable tradición estadounidense’ de ‘los derechos de los padres a dirigir ‘la educación religiosa’ de sus hijos'».
«Cuando los gobiernos usurpan el papel esencial de los padres en la vida de sus hijos, se produce una tragedia», dijo Kayla Toney, consejera asociada de First Liberty Institute. «La Constitución garantiza que los estados no pueden dirigirse a los padres por sus creencias religiosas, interferir en la educación religiosa de sus hijos o imponer restricciones previas a la expresión en sus propios hogares».
Fuente: 1.cbn.com
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